En medio de un nuevo episodio de inestabilidad en los países periféricos de la Unión Europea, está vez centrado en las dudas sobre el coste del rescate bancario en Irlanda –mañana conoceremos más detalles sobre la reestructuración del Anglo Irish Bank-, la Comisión Europea ha presentado hoy una batería de propuestas para reforzar el gobierno económico de la UE –y en particular, de la UEM–, entre las que se incluyen una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y una vigilancia más estrecha de los desequilibrios macroeconómicos.
La bandera europea
Los principales detalles son los siguientes:
1) La CE propone endurecer la disciplina fiscal a la que están sometidos los miembros de la UE, reforzando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en sus vertientes preventiva y sancionadora:
- Desde el punto de vista preventivo, se exigirá a los Estados que sigan “políticas fiscales prudentes” que les permitan alcanzar los objetivos a medio plazo, evitando la prociclicidad y atajando los desequilibrios en una fase temprana.
- Se vigilará de forma más estrecha el endeudamiento público, además del déficit: los Estados cuya deuda se sitúe por encima del 60% del PIB deberán reducirla a un ritmo mínimo anual de una vigésima parte de la diferencia entre el nivel de deuda y el valor de referencia, durante al menos tres años Por ejemplo, en el caso de un país con un nivel de deuda del 100% del PIB, tendría que reducirlo en un 2% del PIB anualmente.
- Las sanciones por incumplimiento ascenderán al 0,2% del PIB y se aplicarán de forma automática, salvo que una mayoría cualificada del Consejo se oponga.
2) La CE propone un mecanismo para prevenir y corregir desequilibrios macro, que se basaría en la vigilancia del déficit corriente, los costes laborales, el tipo de cambio efectivo real o la deuda privada. Si un país de la UEM no toma medidas para atajar desequilibrios graves, afrontaría una multa anual del 0,1% del PIB.
3) Estas propuestas se añaden a otras medidas de calado aprobadas recientemente, como la “facilidad de estabilidad financiera” o el “semestre europeo” (supervisión ex-ante de los presupuestos y programas de reformas nacionales).
De aprobarse, estas reformas supondrían un avance importante en materia de “gobierno económico”, pues reforzarían la disciplina fiscal y la coordinación económica, y contribuirían a atajar las divergencias en competitividad. En cualquier caso, estas medidas sólo mitigan, pero no solucionan, la principal deficiencia de la UEM: sigue siendo una unión monetaria sin unión fiscal, pues la soberanía fiscal sigue en manos de los Estados.
De nuevo, se trata de un ejercicio de compromiso entre los miembros de la UEM, como refleja que no se hayan incluido las propuestas más polémicas o más complicadas desde el punto de vista legislativo, tales como la retirada de fondos comunitarios o la suspensión del derecho de voto en el Consejo Europeo, ante la oposición de algunos países como Francia.
Se echa en falta una reforma del presupuesto comunitario. Debería convertirse en un instrumento más flexible (con posibilidad de incurrir en déficit) y dotado de más fondos (actualmente, en torno al 1% del PIB de la UE), para que pueda cumplir un papel estabilizador y de transferencia de fondos.
Todo lo anterior refleja que la UE se encuentra en una encrucijada, marcada por la crisis económica, por las deficiencias del proyecto de construcción europeo y por los cambios estructurales que se están produciendo en la economía mundial. Es el momento de realizar cambios profundos y estas propuestas para mejorar el gobierno económico de la región son sólo un paso más.