La Audiencia paraliza el decreto del carbón

Las eléctricas han cosechado hoy dos victorias parciales en su guerra contra la decisión del Gobierno de obligarlas a quemar carbón nacional en sus centrales térmicas hasta 2014 y han conseguido detener temporalmente su aplicación, prevista para el 1 de noviembre. Por un lado, la Audiencia Nacional ha decidido hoy aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el sector a la última resolución del Ministerio de Industria mientras, desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la UE ha instado al Ejecutivo a retrasar dos meses la entrada en vigor del decreto ley para analizar el caso en mayor profundidad. En concreto, la Audiencia Nacional ha decidido suspender la resolución de la Secretaría de Estado de la Energía del pasado día 26 de octubre por la que se fijaba, entre otras cosas, las cantidades de carbón nacional que debían consumir las centrales térmicas y los precios de la retribución. Aunque las medidas no afectan al decreto ley, fuentes empresariales afirman que, en la práctica, suponen la paralización de la polémica norma. Al menos hasta que la Audiencia convoque a las partes enfrentadas y decida otras posibles medidas, añaden.
El Ministerio de Industria ha negado que la decisión de la Audiencia paralice la aplicación del decreto. Según un portavoz del departamento, el tribunal solo ha dado la razón a las eléctricas en un punto referido a las compras de carbón en el futuro, por lo que no afectaría a la entrada en vigor de la norma que se aplica al mineral que ya está almacenado. Sobre la petición del tribunal de Luxemburgo para que se aplace el decreto, Industria asegura que se trata de una simple recomendación que no es vinculante.
Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa recurrieron el Real Decreto del Carbón, aprobado por el Consejo de Ministros del 1 de octubre, ante la Audiencia con el argumento de que atenta contra la libertad de mercado, es antieconómico, porque les obliga a consumir carbón más caro, y es antiecológico, porque ensucia más que el que viene de fuera. Solo hasta 2012, según cálculos de la Comisión Nacional de Competencia, tendrá un coste de 592 millones.
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