Tras el acuerdo alcanzado de madrugada entre los líderes europeos para modificar el Tratado de Lisboa con el objetivo de que crear un mecanismo de rescate permanente para los Estados insolventes, ahora le toca a la Comisión lanzar su propuesta sobre cómo funcionará, sus características y sus sanciones. Es en este punto donde arrecian las diferencias entre los países. Entre las diversas posturas, Alemania ha ocupado la más rigurosa y exigente con la petición de retirar a los Estados incumplidores el derecho de voto y la propuesta de que los bancos paguen parte de la factura renunciando a cobrar un porcentaje de la deuda soberana de estos países que tienen en sus carteras de inversión.
Sobre el primer punto, si bien Zapatero no ha rechazado que los países incumplidores de los objetivos de déficit no participen en la toma de decisiones relativas a la política monetaria, se ha mostrado reacio a limitar sus derechos de participación de forma generalizada. En cualquier caso, ha augurado que esta medida no logrará los apoyos necesarios para salir adelante. En cuanto al segundo punto, ha advertido de que hay que ser "muy cauto" a la hora de vincular a las entidades privadas con los problemas de un determinado Estado. Por este motivo, ha adelantado que España estará "cerca de los países cuya posición sea de mucha precaución" ante la petición de que los bancos asuman parte del coste del rescate. Al frente de este grupo de Estados se ha situado el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, que rechaza abiertamente la propuesta de Berlín.
Abriendo el foco, el jefe del Ejecutivo español ha valorado el impulso a las medidas de control del déficit y que tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo vayan a tener más poderes y competencias sobre este asunto. Además, a preguntas de los periodistas, ha admitido que si las modificaciones se hubieran implantado hace cinco años, "España no tendría hoy muchos de los problemas que tiene".
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